Ayuso recurre ante el Tribunal Supremo el reparto de fondos europeos de Sánchez

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Supremo un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez por el cual se han repartido, a su juicio «de forma arbitraria», 9 millones de euros en forma de subvenciones de los fondos europeos a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Economía de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, después de no haber recibido respuesta alguna, ha manifestado, sobre este extremo por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que dirigió una carta el pasado mes de octubre.

«El Gobierno ha estado repartiendo fondos europeos al margen de los criterios y con falta de transparencia», ha asegurado el consejero, que ha explicado que este recurso en concreto presentado ante el Alto Tribunal persigue la anulación del Real Decreto publicado el pasado 19 de octubre por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión: Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ese decreto reparte 9 millones de euros a Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura, todas ellas comunidades no gobernadas por el Partido Popular. De esos nueve millones, tres ha ido a Navarra para un proyecto de Emprendimiento y microempresas, incluido en el Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra promovido por dicha Comunidad Foral.

Otros dos millones han sido para Extremadura para un proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «colectivos especialmente vulnerables» y para otro proyecto piloto dirigido a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de «emprendimiento y microempresas». Asimismo, Valencia y País Vasco han recibido dos millones, respectivamente, para financiar esos dos mismos proyectos en sus regiones.

En la misiva que Lasquetty remitió a la ministra de Trabajo, señalaba que esas subvenciones «vulneran el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y utiliza de forma fraudulenta la reserva de crédito del SEPE no sujeta a la distribución en Conferencia Sectorial, para repartir fondos adicionales a cuatro comunidades sin conocimiento previo de la Conferencia Sectorial, sin justificación alguna y alterando el sistema de distribución de fondos legalmente establecido».

Tras no recibir respuesta alguna en cerca de tres meses, el Gobierno de Díaz Ayuso ha decidido recurrir a los tribunales para anular un decreto que reparte fondos europeos «al margen de los criterios establecidos para ello».